A las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado les fue turnada una iniciativa de reforma a la Ley de Defensoría Social del Estado, para que los traductores e intérpretes adscritos a la Coordinación General de la Defensoría Social y de Oficio auxilien y asistan a las personas y comunidades indígenas, a las personas con alguna discapacidad que afecte su comunicación, así como personas cuya primera lengua no sea el español.
Además, los requisitos para ser Traductor o Intérprete, así como sus obligaciones, se establecerán en el Reglamento respectivo. De esta manera, se amplía el alcance de los servicios de traducción e interpretación a una población más amplia, incluyendo a personas con discapacidad y personas cuya primera lengua no sea el español.
Los artículos 30 y 31, en su versión actual, limitan los servicios de traducción a las personas y comunidades indígenas. Esta limitación deja sin atención a otros grupos poblacionales que también requieren de estos servicios para acceder a la justicia y a otros derechos fundamentales.
La reforma propuesta amplía el alcance de los servicios de traducción e interpretación a las siguientes personas: Personas con discapacidad que afecte su comunicación: esto incluye a personas con sordera, hipoacusia, disartria, afasia, y otras discapacidades que afectan la capacidad de hablar o comprender el lenguaje oral.
Personas cuya primera lengua no sea el español: esto incluye a migrantes, refugiados, y personas pertenecientes a grupos minoritarios lingüísticos provenientes de otro país y que ahora habitan la entidad, respecto a este último punto cabe recordar que el desarrollo industrial y comercial de nuestra entidad ha conllevado que personas de otras naciones ahora radiquen en San Luis Potosí.