Incluyen el fracking en el Plan Estrategico de Pemex 2025-2035

Organizaciones sociales, comunidades indígenas y defensores del medio ambiente manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se reactive la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, en la región, luego de que el pasado 5 de agosto la presidenta de la República presentara el Plan Estratégico de Pemex 2025–2035.

En dicho documento, la empresa productiva del Estado plantea aprovechar todo el potencial de hidrocarburos del país, incluyendo los yacimientos no convencionales, cuya extracción requiere del uso de fracking. Esta medida ha generado polémica, ya que contrasta con la postura inicial del actual gobierno federal, que en reiteradas ocasiones había rechazado la aplicación de esta técnica por sus impactos ambientales.

El plan contempla, en el corto plazo, trabajos de exploración en dos polígonos denominados "Maguey" y "Castañas", que abarcan amplios territorios de la Huasteca potosina, veracruzana e hidalguense. En San Luis Potosí, las áreas señaladas comprenden los municipios de Tanlajás, San Antonio, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Tampamolón Corona, Coxcatlán, Huehuetlán, Axtla de Terrazas, Xilitla, Matlapa, Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, San Vicente Tancuayalab, Ébano, Tamuín y Ciudad Valles.

En Veracruz, los trabajos se proyectan en El Higo, Tempoal, Platón Sánchez, Chalma y Chiconamel; mientras que en Hidalgo incluirían a Huejutla de Reyes, Jaltocán y San Felipe Orizatlán.

Especialistas y colectivos ambientalistas advierten que el fracking es una técnica altamente invasiva, que implica la inyección de agua, arena y químicos a alta presión en el subsuelo para fracturar formaciones rocosas y liberar hidrocarburos. Señalan que, de aplicarse en la Huasteca, podría generar graves consecuencias, como la contaminación de mantos acuíferos, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y afectaciones directas a la salud de la población.

Asimismo, líderes comunitarios subrayan que estos territorios son eminentemente habitados por pueblos y comunidades indígenas, por lo que la ejecución de proyectos de este tipo sin un proceso de consulta previa, libre e informada violaría derechos reconocidos a nivel nacional e internacional.