Gobernador propone consulta ciudadana para encarcelar a exalcaldes corruptos en SLP
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona planteó una iniciativa ciudadana potente: organizar una consulta pública para evaluar si los exalcaldes que incurrieron en actos de corrupción deben ser procesados y, en su caso, ingresen a prisión. La propuesta forma parte de un esfuerzo por sentar un precedente en materia de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Durante un evento reciente en Axtla de Terrazas, el mandatario insistió en que este mecanismo busca disuadir futuras malas prácticas: "Se trata de dejar claro que, si manejan mal los recursos, habrá consecuencias reales", enfatizó.
El proyecto contempla la realización de una consulta participativa, dirigida tanto a la ciudadanía como a los órganos de fiscalización.
La consulta serviría para identificar y señalar a exalcaldes responsables de irregularidades graves. En caso de que haya consenso popular, se procedería con una acción legal reforzada para buscar su encarcelamiento.
Gallardo Cardona defendió que esta consulta no solo busca castigar a quienes ya incurrieron en actos de corrupción, sino también generar un efecto preventivo. "Queremos que los actuales y futuros alcaldes sepan que los errores en el manejo de fondos públicos no pasarán desapercibidos", apuntó.
El gobernador se ha caracterizado por una línea firme contra las malas prácticas en la gobernanza y ha sido crítico de anteriores administraciones. Por ejemplo, en marzo de 2023 solicitó encarcelar a expresidentes de la República y exgobernadores del estado, como Vicente Fox, Felipe Calderón, Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo, por deficiencias en la presa El Realito, que reflejaron mala calidad constructiva y presunta corrupción.
Aunque esta nueva iniciativa es inusual —por emplear mecanismos de participación ciudadana vinculados a la justicia penal—, surge en un contexto de constante presión por una mayor rendición de cuentas. Gallardo ya ha promovido sanciones mediante figuras como la inhabilitación política para funcionarios señalados por corrupción.
Gallardo Cardona anunció que consultará con expertos legales, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción para estructurar los pasos a seguir. La intención es construir un marco legal sólido que garantice la transparencia y permita vincular las consultas ciudadanas a procesos efectivos.
De materializarse, San Luis Potosí marcaría un precedente inédito en México: una vía de participación que no solo demanda información sobre el uso de recursos, sino que impulsa sanciones reales a funcionarios deshonestos.
